Recientemente, las universidades han estado bajo escrutinio por la frecuencia de las agresiones sexuales en sus campus. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU. ha estado impulsando una mayor regulación de las agresiones sexuales en los campus. Algunas instituciones han respondido adoptando un estándar de evidencia clara y convincente, abandonando la política de preponderancia de la evidencia. Con el movimiento hacia el empoderamiento femenino, los procedimientos disciplinarios en los campus se han endurecido. Sin embargo, el debido proceso ha sido abandonado en los campus al abordar la conducta sexual inapropiada entre estudiantes. Los estudiantes acusados a menudo son expulsados o sujetos a cargos penales sin tener realmente una oportunidad justa para defenderse.
Las universidades han estado adoptando una política de evidencia clara y convincente para proteger su imagen. El proceso vigente en este momento es tan desigual en contra del acusado que es casi absurdo. Los estudiantes acusados de violencia sexual no pueden interrogar a los testigos directa o indirectamente en entrevistas o audiencias. Eso significa que un estudiante podría ser expulsado sin tener idea de quién lo acusa del delito. Además, muchas de estas denuncias surgen un año después del presunto incidente. Los estudiantes afirman que algunas presuntas víctimas de violencia sexual no siempre dicen la verdad, y a veces buscan venganza por sus propias malas decisiones.
Como resultado del abandono por parte de las universidades del requisito de preponderancia de la evidencia, lloverán las demandas contra las universidades por el mal manejo de las investigaciones de violencia y acoso sexual. Los estudiantes victimizados por el compromiso de una universidad de mantener su imagen en lugar de administrar justicia, podrán demandar por daños monetarios.
La Universidad de Harvard intentó emplear una nueva política sobre acoso y violencia sexual para toda la universidad el pasado mes de julio, después de ser criticada por un cargo de violencia sexual que fue mal manejado a nivel administrativo. Sin embargo, 28 profesores de derecho de la Facultad de Derecho de Harvard firmaron una carta publicada en el Boston Globe en la que sostenían que “La política carece de los elementos más básicos de equidad y debido proceso” y está “abrumadoramente en contra del acusado”.
