Abogados Buscan Defender la Ley en Demandas de Abuso Sexual en Universidades

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Recientemente las universidades han estado bajo escrutinio sobre el número de abusos sexuales en sus campus. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación ha comenzado a presionar por un incremento en la regulación de abusos sexuales en los campus. Algunas escuelas han respondido adoptando el estándar de evidencia claramente convincente, en lugar de evidencia preponderante. Dando el paso hacia atribuir poder a la mujer, los procedimientos disciplinarios en el campus se han estrechado. Sin embargo, el debido proceso legal se ha abandonado cuando se maneja conducta sexual dolosa entre estudiantes. Los estudiantes acusados son expulsados o sujetos a cargos penales sin tener la oportunidad de defenderse.

Las universidades han adoptado la política de evidencia claramente convincente para proteger su imagen. El proceso que actualmente se tiene está completamente a favor del demandante. Aquellos estudiantes acusados de violencia sexual no pueden directa o indirectamente interrogar a testigos durante entrevistas o audiencias. Esto quiere decir que un estudiante puede ser expulsado sin tener idea quien lo acusa del crimen. Además, muchos de estos casos salen a la luz un año después del presunto incidente. Algunos estudiantes declaran que algunas de las supuestas víctimas de violencia sexual no son siempre honestas, y en ocasiones buscan venganza por sus propias decisiones erróneas.

Como resultado de abandonar el requisito de evidencia preponderante por parte de las universidades, algunos abogados estarán demandando a estas por el mal manejo de investigaciones de violencia y acoso sexual. Los estudiantes que son víctimas del compromiso de las universidades de mantener su buena imagen en lugar de administrar la justicia, podrán demandar por daños económicos.

El pasado julio, Harvard University intentó emplear una nueva política de acoso sexual por toda la universidad, después de que estuvo enfrascada en un cargo de violencia sexual que fue mal manejado a nivel administrativo. Sin embargo, 28 profesores de la escuela de derecho firmaron una carta publicada en el Boston Globe en la cual contienden “La política no cuenta con los elementos más básicos de debido proceso legal” y “está completamente en contra del acusado.”

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